Pennhurst State School and Hospital

Abierto en 1908 como Eastern Pennsylvania State Institution for the Feeble-Minded and Epileptic, Pennhurst hacinó a miles de niños y adultos con discapacidad. El reportaje de Bill Baldini para la NBC de Filadelfia, «Suffer the Little Children» (1968), enseñó al país lo que ocurría dentro: pacientes desatendidos y sujetados en salas superpobladas. De ahí salió el litigio Halderman v. Pennhurst, cuya historia se cuenta casi siempre al revés: en 1977 el juez federal Raymond Broderick dio la razón a los residentes, pero el Tribunal Supremo revocó dos veces, en 1981 y 1984, y el caso acabó siendo un hito del federalismo —la llamada «doctrina Pennhurst»— más que del derecho de las personas con discapacidad, que ganó en primera instancia y en el acuerdo de 1985. La institución cerró en 1987, tras 79 años. Desde 2010 el recinto abre en temporada como atracción de terror, montada sobre una historia documentada que asociaciones de personas con discapacidad denunciaron públicamente.

La palabra que aparece en las entradas es falsa. Pennhurst no fue nunca un manicomio ni un hospital psiquiátrico. Abrió en 1908 con el nombre de Eastern Pennsylvania Institution for the Feeble Minded and Epileptic, sobre unas 1.400 acres (algo más de 560 hectáreas) a las afueras de Spring City, en la Pensilvania rural del condado de Chester, y a quienes encerraron allí fueron niños y adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo. El historiador Dennis Downey, de la Universidad de Millersville, documenta que la campaña para construirla la impulsaron responsables de salud pública de Filadelfia —Martin Barr, Joseph Neff y George Stanley Woodward— alarmados por lo que describían como una marea creciente de «debilidad mental» hereditaria. El remedio que propusieron fue la «cuarentena perpetua». Esa es el acta fundacional del sitio, y conviene decirlo antes de mencionar a ningún fantasma: Pennhurst no se levantó para tratar a nadie. Se levantó para apartarlos. Después hizo lo que hicieron estas instituciones en todas partes. Billy Penn cifra el diseño original del recinto en unos 500 residentes; en 1957 albergaba ya unos 3.500. Downey sitúa el máximo en más de 3.500 personas bajo custodia y el total acumulado a lo largo de las ocho décadas de funcionamiento en más de 10.500 individuos. No son cifras de un hospital. Son cifras de un almacén con nombre de escuela en la verja. Lo que rompió el silencio fueron cinco noches de televisión local. Entre el 1 y el 5 de julio de 1968, el reportero Bill Baldini emitió una serie en cinco partes en el Canal 10 de Filadelfia —la emisora que hoy se conoce como NBC10— bajo el título Suffer the Little Children («Dejad que los niños sufran»). Downey, escribiendo en el Philadelphia Inquirer medio siglo después, señala que a Baldini se le permitió filmar dentro de los pabellones con una libertad que nunca se había concedido antes, y atribuye a aquella emisión la introducción de «un nuevo estilo de periodismo televisivo» y la demostración del «poder persuasivo de los medios para moldear la opinión pública». El resumen que hace Downey de lo que encontraron las cámaras no admite matices: «La experimentación médica, los castigos crueles y las amenazas constantes al bienestar físico y psicológico formaban parte de la cultura de la institución». La frase del propio Baldini ante la cámara, que recoge Billy Penn, era más seca todavía: «A estos desdichados se les está privando de su dignidad y de su amor propio. ¿Por qué? Porque a muy, muy pocos parece importarles». La indignación pública no es un remedio jurídico, y las mejoras posteriores a 1968 resultaron pasajeras. El remedio llegó el 30 de mayo de 1974, cuando se presentó una demanda colectiva ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Pensilvania en nombre de una residente llamada Terri Lee Halderman, una joven que, según Billy Penn, había acumulado lesiones sin explicar a lo largo de aproximadamente una década de internamiento. Su abogado fue David Ferleger. El juicio ante el juez Raymond J. Broderick duró treinta y dos días. Las conclusiones de aquel tribunal, que el propio Tribunal Supremo citó después y que nunca se discutieron en apelación, son la razón de ser de esta ficha. «Las condiciones en Pennhurst no solo son peligrosas, con residentes a los que el personal maltrata físicamente o droga con frecuencia, sino también inadecuadas para la habilitación de las personas con retraso mental», declaró el tribunal de distrito, que además constató «que las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de algunos residentes se han deteriorado en Pennhurst». La misma resolución del Supremo describe una institución con unos 1.200 residentes en aquel momento, de los cuales el setenta y cinco por ciento estaban clasificados como discapacitados graves o profundos, y precisa que cerca de la mitad habían ingresado por orden judicial y la otra mitad los habían internado sus padres o tutores. Broderick declaró el centro superpoblado y falto de personal, apreció violaciones constitucionales, ordenó su cierre, ordenó alojamientos comunitarios y planes individuales de tratamiento para cada residente y nombró un Special Master que supervisara la ejecución. El caso llegó dos veces al Tribunal Supremo, y aquí es donde suele torcerse la versión popular. Los dos viajes fueron derrotas para los residentes. El 20 de abril de 1981, en una resolución redactada por el juez Rehnquist, el Supremo sostuvo que la sección 6010 de la Developmentally Disabled Assistance and Bill of Rights Act no creaba derecho sustantivo alguno, sino una mera declaración de preferencia del Congreso, y revocó al Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. El 23 de enero de 1984, por cinco votos contra cuatro y con ponencia del juez Powell, fue más lejos: «la Undécima Enmienda impedía al tribunal de distrito ordenar a los funcionarios estatales que ajustaran su conducta al derecho estatal». Esa segunda sentencia es un hito de verdad, pero es un hito del federalismo y de la inmunidad soberana de los estados —se estudia en las facultades como la doctrina Pennhurst— y lo que hizo fue dificultar, no facilitar, que una persona internada obtuviera amparo en la justicia federal. La victoria para los derechos de las personas con discapacidad se ganó abajo, en la sala de Broderick, y luego en la mesa de negociación. Se ganó además con datos. Mientras los recursos se arrastraban, James W. Conroy y Valerie J. Bradley dirigían el Estudio Longitudinal de Pennhurst para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, siguiendo qué le ocurría de verdad a la gente que salía. Su informe conjunto de cinco años, entregado en febrero de 1985, tomó como línea de base a los 1.154 residentes que vivían en Pennhurst el 17 de marzo de 1978 —el ochenta y seis por ciento con discapacidad grave o profunda, más de la mitad sin lenguaje oral— y documentó mejoras en la conducta adaptativa de quienes se trasladaron a viviendas en la comunidad, junto con la conformidad posterior de las familias. El Consejo del Gobernador de Minnesota para las Discapacidades del Desarrollo apunta que más del sesenta por ciento de las familias se habían opuesto inicialmente al traslado y que seis meses después lo aprobaban de forma abrumadora, y cifra la magnitud del pleito en unas quinientas resoluciones judiciales y veintiocho sentencias publicadas. El 5 de abril de 1985 el juez Broderick dictó la resolución recogida en 610 F. Supp. 1221 que cerró el litigio con un acuerdo entre las partes. Pennhurst se clausuró en 1987, setenta y nueve años después de abrir. Los edificios se dejaron pudrir. Pensilvania vendió el recinto en 2008; en 2010 se instaló una placa histórica y el campus fue declarado Sitio Internacional de Conciencia, ligándolo al movimiento por los derechos civiles de las personas con discapacidad que él mismo había provocado sin querer. Y en el otoño de ese mismo año abrió una atracción de terror con ánimo de lucro en los pabellones.

El recinto está en el 601 N Church Street, Spring City, Pensilvania 19475, a cosa de una hora por carretera al noroeste de Filadelfia. Es propiedad privada y no hay acceso libre: todo se entra con entrada, y colarse en un campus abandonado de este tamaño es ilegal y sinceramente peligroso. La temporada de terror funciona los fines de semana de otoño. La taquilla abre viernes y sábado de 18:30 a 22:30 y domingo de 18:30 a 21:30; la atracción sigue funcionando más allá de esas horas, pero hay que estar dentro antes de que cierre la taquilla. Las entradas se venden solo por internet y hay que imprimirlas en casa, no se devuelve el importe en ningún caso y las reservas de grupo se gestionan en el 484-886-6080. Se admite efectivo y tarjeta, y se aplican descuentos para militares y policías presentando identificación en la puerta. El recorrido funciona bajo la lluvia y solo cierra por meteorología extrema. Conviene leer las normas antes de comprar. Los gestores dicen que Pennhurst «está pensado para un público bastante mayor» y, aunque admiten niños a partir de diez años, desaconsejan explícitamente llevarlos. Los actores pueden tocarte; tú no puedes tocar ni a los actores ni a los decorados. Los móviles y las cámaras están prohibidos dentro de las cuatro atracciones de terror, pero sí se permiten en las visitas paranormales e históricas. Hay que ir con calzado cerrado: las chanclas, las sandalias y los tacones son mala idea en ese suelo. Los objetos metálicos se dejan en el coche. Hay efectos de humo y luces estroboscópicas que el propio local señala como un problema para quien tenga asma o epilepsia. No publican ninguna política de accesibilidad ni de sillas de ruedas, cosa que en un lugar con esta historia concreta merece anotarse; conviene preguntar antes de desplazarse. Las investigaciones paranormales nocturnas son un producto aparte: de 19:00 a 02:00, con llegada a las 18:30, unas siete horas, solo para mayores de 18 años salvo que un tutor acompañe al menor durante toda la visita. Recorren las cuatro plantas de Mayflower Hall y los túneles subterráneos que conectan los edificios Philadelphia, Devon y Rockwell, con una vuelta al campus guiada por un experto en fenómenos paranormales y equipo prestado o propio. El alquiler privado del recinto va de 19:00 a 03:00, de domingo a jueves, desde un mínimo de 1.250 dólares para hasta diez personas. También se ofrecen visitas diurnas orientadas a fotógrafos y a quien venga por la historia; ni las fechas ni los precios están publicados y hay que llamar. Una sugerencia, en la misma línea que el resto de esta ficha. Antes de ir —o en lugar de ir— vea Suffer the Little Children. La emisión de Bill Baldini de 1968 se puede ver gratis en Internet Archive, no cuesta nada y es la razón por la que aquí hay algo que visitar. Y si acaba comprando entrada, dedique parte del tiempo a la visita diurna o histórica y no solo al pasaje del terror: Pensilvania colocó una placa histórica en este campus en 2010 y el lugar está declarado Sitio Internacional de Conciencia, que es una distinción mucho más rara y mucho mejor que la de estar embrujado. Las personas que vivieron aquí no son anónimas. Pregunte cómo se llamaban.